Una mala manera de proteger la propiedad intelectual

El afán recaudatorio de la SGAE provoca indefensión en ciudadanos que no están obligados a pagar algo que no les corresponde asumir

Norberto Rodríguez  - Notishow.com - 18/09/08

Madrid. Es incuestionable el derecho de los creadores a cobrar por el uso de sus obras, hasta aquí todos compartimos esa idea. La pregunta es si deben pagar un canon todos los ciudadanos por "adelantado" ante "la posibilidad" de que hagan uso de estas creaciones.

Cada soporte de grabación o almacenamiento de datos: CD, DVD e incluso el Teléfono Móvil están sujetos (entre otros muchos) al pago de un impuesto que va a parar a las arcas de una entidad privada de gestión de los derechos de autor.

Al grabar un CD o DVD con apuntes universitarios, fotos privadas, música de libre distribución, backups, los videos de tus vacaciones, diseños de creaciones propias como pueden ser dibujos, archivos de word, exel o cualquier material privado o de distribución libre, estás pagando derechos de autor que irán a parar a la SGAE, y que hablando claro, no deja de ser un fraude.

Según la Real Academia Española de la Lengua, un fraude es una: Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete, en este caso, los ciudadanos que utilizan soportes digitales para grabar contenidos que nada tienen que ver con el impuesto que se les cobra por hacerlo, ya que las operaciones antes mencionadas, están libre del cobro de ningún derecho de autor.

Así como es indiscutible el derecho inequívoco de cobrar por las obras creadas, no es menos cierto, insisto: no es menos cierto que la SGAE gestiona una gran cantidad de dinero por derechos que no le corresponden, y aunque se tratase de un sólo euro, ese dinero pertenece a ciudadanos que nada deben a la entidad de gestión, pero que ésta cobra como si el mundo entero le perteneciese.

Pero aún hay más conflictos. Técnicamente la SGAE cobra también por música que no está en el repertorio que representa y gestiona de forma oscura los derechos de las obras que le pertenecen, ya que no hace pública la lista con los artistas de su catálogo, pero cobra dinero público en nombre de "todos" los artistas que representa, aunque éstos pertenezcan a otras entidades de gestión: sean de distribución libre, los derechos hayan caducado o sean creaciones o material privado libre de derechos como antes he mencionado. El impuesto que se paga en los soportes digitales de grabación, no discriminan entre unos usos y otros.

La SGAE provoca indefensión en los ciudadanos, no aclara a qué artistas representa y su afán recaudatorio sólo consigue dividir a la sociedad. La sociedad necesita una gestión transparente y clara, equitativa y que represente a los intereses de todos, no sólo a quienes desean cobrar por sus derechos de autor, sino también a quienes no están obligados a pagarlo. No se trata de evitar pagar derechos de autor, sino de no pagar a la entidad de gestión derechos que no le corresponden.

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